La empresa advierte sobre su crisis financiera y el riesgo de perder el respaldo de los inversores estratégicos.
Vicentin S.A.I.C presentó un escrito dirigido a la Corte Suprema de Santa Fe para reiterar su pedido de que se convalide el acuerdo preventivo, impugnado por el Grupo Grassi a través de la empresa Commodities S.A.
El principal argumento de la impugnación es la presunta abusividad de la propuesta de pago del 30% de la deuda concursal. Sin embargo, Vicentin sostiene que los mismos actores que objetan el acuerdo adquirieron en el mercado financiero los créditos de bancos internacionales a solo el 11% de su valor nominal. Según la empresa, esto demuestra que la oferta presentada a los acreedores es sustancialmente superior al precio real de mercado y, por lo tanto, no puede considerarse abusiva.
Mientras la resolución judicial se dilata, Vicentin ha perdido 47,4 millones de dólares en capital de trabajo y ha destinado 106,3 millones de dólares a salarios, contribuciones sociales y cancelaciones de pasivos privilegiados. La falta de previsibilidad ha erosionado aún más sus finanzas, al punto de que la firma tuvo que solicitar un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo para negociar con los sindicatos el pago de una gratificación extraordinaria.
Paralización y riesgo de quiebre
La crisis provocó un cese de actividades, reduciendo drásticamente la recepción de materia prima: el ingreso de 450 camiones diarios pasó primero a 150 y luego a cero. Esta situación afectó la producción y agravó su frágil posición financiera.
Además, la empresa advirtió sobre la incertidumbre respecto a los contratos con los Inversores Estratégicos (IE), actores clave en el acuerdo preventivo. Estos contratos vencen el 28 de febrero y, aunque Vicentin espera una prórroga, la falta de definición judicial podría frustrarlos, dejando a la empresa sin respaldo financiero.
Otro punto crítico es la ausencia de contratos de fazón para la molienda de soja. Hasta el momento, Vicentin solo ha logrado asegurar contratos de molienda de girasol, lo que compromete aún más su operatividad.
En su escrito, Vicentin solicita la homologación inmediata del acuerdo preventivo, argumentando que la impugnación del Grupo Grassi carece de fundamento y que la demora en la resolución del concurso pone en riesgo la continuidad de la empresa. Además, pide una audiencia con la Corte para explicar en detalle su situación financiera y el impacto de la incertidumbre judicial sobre su operatividad y la estabilidad laboral de sus empleados.