Según publica La Nación, el juez Casanello procesó a once personas y a dos empresas constructoras en una causa que investiga sobornos, fraude al Estado y falsificación de documentos.
El diario de Mitre dijo que “LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. y Luis Losi S.A.” son las primeras investigaciones que “aplican la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, en un caso de SOBORNOS”.

El ministro Obras Públicas de Maximiliano Pullaro, Lisandro Enrico, dijo el 4 de febrero que “hicimos la licitación con 25 empresas. Eso fue el 20 de diciembre, y hoy 4 de febrero está la adjudicación lista a la empresa PIETROBONI de la provincia de Entre Ríos, que va a tomar a su cargo la obra por un costo de 39.811 millones” y agregó: “el gobernador Maximiliano Pullaro me autorizó a que firmemos la adjudicación de la obra del puente Santa Fe-Santo Tomé”

Sin mayores rodeos, en el caso de que se esté hablando de la misma empresa (Pietroboni S.A.), por la que el Gobierno de Pullaro optó (de entre 25 para elegir), la situación publica reluce extremadamente llamativa y merece explicaciones.