Lo que se está licitando actualmente, es un proyecto que busca hacer que por el Paraná puedan navegar cada vez más buques, y de mayor calado, más grandes. Haciendo más ancho y más profundo el canal de navegación.

El dragado actual del río Paraná tiene una profundidad de 34 pies (algo más de 10 metros) y un ancho de canal que varía según la zona, con un promedio de 90 metros.
El nuevo llamado a licitación propone profundizar el canal hasta los 44 pies (aprox. 13 metros), es decir, excavar 3 metros más.
Además, se permite aumentar significativamente el ancho, lo que multiplicará la cantidad de material extraído del lecho del río.

Se estima que se removerán 400.000 m³ de sólidos por cada kilómetro que avance la draga.
Los barros de fondo contaminados, que deberían ser tratados como residuos peligrosos según la Ley 24.051, están siendo depositados abiertamente en las riveras. Una gran parte de estos lodos será arrastrada por la corriente del río, taponando riachos y arroyos, y contaminando el agua que extraemos para nuestro consumo.

Nunca se ha realizado un dragado de esta profundidad en ningún otro río del mundo.
Todo esto avanza sin que se hayan realizado los estudios de impacto ambiental correspondientes.
No se hicieron ni durante la privatización de los años ’90, ni antes de lanzar esta nueva licitación. Y sin embargo, ya se está ejecutando.

Se multiplican los reclamos de los isleños que vienen señalando hace años que el río se viene comportando en forma diferente, mostrando serios signos de deterioro.

Las consecuencias ya son visibles:

• Aumento de incendios en las islas
• Reducción drástica de peces
• Derrumbe de costas
• Taponamiento de cauces secundarios
• Menor disponibilidad de agua para pueblos ribereños
• Aumento de velocidad de los barcos, generando riesgos y daños adicionales

Pero ciertamente existen OTROS ASPECTOS DE FONDO de mucha relevancia para entender lo que pasa y visibilizar tantos intereses:

El modelo económico vigente:
El 80% de las exportaciones y el 95% de las importaciones de Argentina se hacen por el Paraná…

La delegación de soberanía Argentina durante la primera privatización realizada en 1995 (Dto N° 253/95), prorrogada en 2021, que permite que los más de 25 puertos por donde se despachan las exportaciones señaladas sean controlados por privados y desde entonces no existen controles serios sobre lo que entra y sale de estos puertos. Este control privado y extranjero sobre los puertos ha fomentado la evasión de impuestos, subdeclaración de exportaciones, el contrabando, el saqueo de nuestros recursos naturales, y el narcotráfico.

En estos puerto privados no actúan los entes nacionales de control ARCA (AFIP), SENASA, UIF, gendarmería, ni prefectura, etc.

Evasión, contrabando y narcotráfico:
Según el IADE, solo la subfacturación y contrabando agroexportador genera una evasión estimada en US$ 1.000 millones al año solo del sector de agro (Ámbito, 2/6/2021).
No hay estimaciones sobre el flujo de dinero del narcotráfico, que aumenta en Rosario…

Mientras el gobierno ajusta brutalmente a la población, se pierden miles de millones de dólares en estos puertos, y se planea entregar su control por otros 30 años (prorrogables a 60).

Los pliegos de licitación violan leyes ambientales y la Constitución Nacional, en lo que respecta al cuidado del ambiente y a la jurisdicción de las provincias sobre los ríos y sus aguas.
Existen presiones y lobby de grandes empresas extranjeras para sostener y ampliar este control privado que tienen desde los ‘90… En los pliegos de la licitación se hace evidentes las presiones de la Bolsa de Comercio de Rosario y de la Cámara de la Industria Aceitera (donde se agrupan las compañías dueñas de los puertos). Esta presión se extiende a los medios hegemónicos para que minimicen la exposición de este tema, con mucho éxito… y por eso te preguntamos:

¿Vos sabías todo esto que te estamos contando?

Instamos a las instituciones responsables a que atiendan los siguientes puntos clave:

Frenar el proceso licitatorio actual de la cuenca Paraná–de la Plata.

Impulsar un nuevo plan de gestión integral de estos ríos, donde el Estado contemple no solo los aspectos económicos, sino también los socioambientales, ecológicos y culturales, así como los derechos de la Naturaleza y de las generaciones futuras.

Garantizar mayor participación ciudadana vinculante en proyectos que afectan de manera directa nuestros bienes comunes y el futuro de todos.

Exigir Estudios de Impacto Ambiental tanto al sector privado como al Estado en todos sus niveles, como paso previo e indispensable para cualquier proyecto.

Solicitar a legisladores y funcionarios, tanto provinciales como nacionales, que avancen con urgencia en la sanción e implementación de leyes que protejan los ríos, sus ecosistemas y la salud de las poblaciones cercanas, como la esperada Ley de Humedales consensuada.

Invitamos a las comunidades, asambleas y personas autoconvocadas a ser protagonistas: a informarse, reflexionar, expresar su opinión y observar críticamente la vulneración de los derechos económicos, culturales, sociales y ambientales, tanto en este proyecto como en los que puedan surgir a futuro y pongan en riesgo la calidad de vida de esta y próximas generaciones.

Por la dignidad, por la vida, por la memoria y por el alma de nuestros ríos, te invitamos a adherir, a sumar tu voz y a remar. ¡Muchas gracias!