En un fallo contundente, el Juez de Reconquista, Gonzalo Basualdo, absolvió este martes a los tres imputados que estaban siendo juzgados por el delito de reducción a la servidumbre, previsto en el artículo 140 del Código Penal Argentino, una figura que prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión. La resolución fue celebrada por la defensa, a cargo del Estudio Jurídico Degoumois y Asociados, y dejó en evidencia las severas deficiencias probatorias del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que llevó adelante la causa con tres fiscales, pero no logró sostener la acusación.
Se trata de uno de los procesos más relevantes de los últimos años en el norte santafesino, por tratarse de la primera vez que un caso de estas características llegaba a juicio oral en la jurisdicción. Sin embargo, la expectativa generada por la gravedad del delito y el despliegue del MPA, que actuó con un equipo completo de fiscales, fue rápidamente opacada por la debilidad de la prueba presentada.
Durante la semana que duró el debate, no solo no se acreditaron los hechos imputados, sino que las supuestas víctimas nunca comparecieron a declarar, lo cual debilitó drásticamente la estrategia fiscal. A ello se sumaron inconsistencias en los informes recolectados durante la etapa preparatoria, contradicciones en los elementos testimoniales y la ausencia de evidencia objetiva que pudiera vincular de manera directa a los acusados con una situación de privación de libertad o explotación laboral forzada.
La defensa, en cambio, logró demostrar que no existían elementos mínimos para fundar una sentencia condenatoria y sostuvo con solidez la inexistencia de los extremos típicos del artículo 140. El fallo absolutorio, dictado por Basualdo, marcó un duro revés para el MPA, que a lo largo del juicio evidenció una falta de rigor jurídico alarmante y una incapacidad para sostener una imputación de alta complejidad.
Fuentes judiciales indicaron que el veredicto fue recibido con alivio por parte de los imputados y con malestar por parte de los fiscales, quienes incluso pidieron a algunos medios “amigos” que no dieran difusión al resultado del juicio. Sin embargo, el caso ya es tema de conversación en los pasillos judiciales y ha encendido un nuevo debate sobre la preparación técnica del Ministerio Público en causas de alto perfil.
“No se puede construir una acusación de semejante gravedad sin pruebas mínimas ni respeto por el debido proceso. Esto no solo perjudica a los imputados injustamente arrastrados a juicio, sino que también socava la confianza en la administración de justicia”, expresó un abogado penalista consultado por este medio.
El caso deja además una señal de alerta para el futuro: si el MPA pretende abordar causas complejas con el mismo nivel de improvisación, la tendencia a perder juicios orales seguirá en aumento. Y con ello, también el descrédito institucional. Mientras tanto, los tres acusados vuelven a sus vidas, con sus nombres limpios y la justicia de su lado.
