La supuesta víctima fue aceptada como querellante en la causa contra Fernando Roda. La elevada suma es reclamada en reparación por «los daños causados, tantos físicos como morales», dijo su abogado.

A media mañana, el juez penal Gustavo Gon hizo lugar a la pretensión esgrimida por los abogados defensores de la presunta víctima de violencia de género Soledad Cano, en el marco de la causa en la fue imputado el presidente comunal de Intiyaco, Fernando Roda.

En la audiencia que tuvo lugar en los Tribunales de Vera y contó con la presencia del fiscal Valentín Hereñú y del asesor legal del funcionario comunal, abogado Rodrigo Chapero, los doctores González y Bergel hicieron valer prerrogativa que faculta a su defendida -supuesta afectada por múltiples vejámenes físicos, expareja de Roda y actual vicepresidenta comunal- a tomar parte activa en el proceso penal al quedar constituida como querellante.

Más allá de los nuevos hechos que incorporarán a la causa sus letrados, tal como “la pérdida de un embarazo por las (presuntas) golpizas del presidente comunal”, el Dr. Sixto González adelantó que “se exigirán en reparación por los daños causados, tantos físicos como morales, una suma que oscilaría los 50 millones de pesos”, y adelantó que para lograr el resarcimiento se “trabarán cautelares sobre bienes libres del imputado”.

Al tiempo que “se investigará la posibilidad de existencia de terceras personas, sin perjuicio de pedir al fiscal que se lo detenga por el homicidio del bebé que esperaba la pareja”, reveló. “Ante el intento de vulnerar sus derechos, Soledad Cano fue admitida como querellante en la causa contra Fernando Roda”, puso de relieve el profesional.

Fernando Roda, de 44 años, fue imputado el pasado 29 de octubre por ejercer violencia de género en perjuicio de Soledad Cano, que es su expareja y la vicepresidenta comunal de esa localidad. A su vez, se le endilga una amenaza cometida con una cuchilla en contra de su exsuegra.

La atribución delictiva fue realizada por el fiscal Valentín Hereñú, que en aquella ocasión puntualizó que “a pesar de que solicitamos que el imputado transite el proceso judicial en prisión preventiva, el juez no hizo lugar a nuestro requerimiento y ordenó medidas alternativas”.

Al formalizar los cargo contra el titular comunal norteño, el fiscal Hereñú había sostenido que “los delitos que investigamos se enmarcan en una relación de pareja que el imputado y la víctima tuvieron desde 2018, en la que fueron frecuentes las agresiones verbales y físicas de él hacia ella”.

El imputado -que está al frente de la administración comunal de Intiyaco- además es cirujano y el año pasado fue condenado como autor del homicidio culposo de la niña Estefanía Alejandra Altamirano, quien falleció a los cuatro años como resultado de la atención negligente que él le brindó en el Hospital de Intiyaco. Tal sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral y público y confirmada en segunda instancia.