Este 4 de junio se vivió una jornada histórica en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

En la ciudad de Reconquista se movilizaron las familias de personas con discapacidad, prestadores y organizaciones se congregaron en la Plaza 25 de Mayo, en la esquina de Patricio Diez y General Obligado. La jornada también tuvo su réplica en Avellaneda.

Los manifestantes de Reconquista y Avellaneda expresaron su profunda preocupación ante el deterioro del sistema de prestaciones y exigieron una urgente actualización de los aranceles, alertando que muchas instituciones están al borde del cierre. Mediante pancartas y discursos, recordaron que el último aumento fue en diciembre de 2024 y de apenas un 0,5 %, totalmente insuficiente frente a la inflación y el aumento sostenido de costos.

“No podemos permitir que la discapacidad sea invisible ni abandonada”, expresaron los asistentes, quienes también advirtieron que, si no se revierte la situación, miles de personas con discapacidad perderán sus tratamientos, familias quedarán sin apoyos y trabajadores del sector quedarán desempleados.

Uno de los datos más alarmantes es el atraso arancelario del 73 %, mientras las prepagas han sido autorizadas a aumentar por encima de la inflación. Tampoco ha habido diálogo entre el Ministerio de Salud y las organizaciones del sector, lo que alimenta las sospechas de conflicto de intereses.

“Discapacidad en emergencias. Por cada prestación que no se paga, hay un derecho que se vulnera”, fue el mensaje final con el que se cerró la movilización en Reconquista.

Esta masiva protesta a nivel nacional, y particularmente en Reconquista, deja en claro que la emergencia en discapacidad no puede esperar. Las voces de las familias, profesionales, instituciones y personas con discapacidad se hicieron escuchar y exigen respuestas urgentes.