Querían regalar $150 millones a un empresario amigo pero terminaron declarando el día del Consumidor.
En estos días asistimos a una escena lamentable pero tristemente reveladora del modo en que ciertos sectores de la política local entienden el poder y el rol institucional. Los concejales del bloque UNIDOS intentaron —con torpeza, y sin éxito— otorgarle un beneficio fiscal de 150 millones de pesos a un empresario amigo, que además es financista visible de su campaña. El intento fracasó, pero no por falta de voluntad de favorecerlo, sino por un error legislativo tan burdo que haría sonrojar a un pasante de primer año de abogacía.
En efecto, lo que debía ser una ordenanza para eximir del pago de tributos municipales a una UTE ligada al Grupo Ideas (con una supuesta deuda de $150 millones, ya presupuestada y cubierta por la provincia, es decir, nuestros impuestos) terminó redactada… ¡para declarar el Día Municipal del Consumidor!
Sí, leyó bien. En los vistos y considerandos se habla del “esfuerzo” y los “motivos fundados” para eximir de contribuciones millonarias a la empresa contratista. Pero en la parte resolutiva, lo que finalmente se aprueba es una efeméride. Una “cáscara” legal vacía. Una estafa intelectual.
Y ahí, justo ahí, cuando una concejal oficialista —cumpliendo con su deber institucional— señala el error en plena sesión, las responsables de la firma de ese mamarracho jurídico-legislativo (la Presidenta del Concejo y su Secretaria Legislativa) en lugar de asumir su responsabilidad, se victimizan. Acusan “violencia política”, “ataques personales”, “clima hostil”, cuando lo que en realidad no toleran es que alguien les haya arruinado el negocio.
Lo grave no es solo el intento de favorecer al empresario —que encima ya cobró o cobrará lo que ustedes pretendían regalarle—, sino el nivel de improvisación con el que se maneja el Concejo. Una Presidenta que recién ahora dice que va a leer lo que firma. Una Secretaria Legislativa que desconoce el procedimiento básico para corregir un texto normativo. Ambas ignorando que la función pública no es una selfie de Instagram, sino una responsabilidad con consecuencias jurídicas y políticas.
Si buscaban una comparación, podemos ofrecerle: la responsabilidad de la firma en un acto público no se borra con lágrimas de cocodrilo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el famoso caso de CFK, dejó claro que la firma de una autoridad tiene valor jurídico. No se trata de si lo leí o no. Se trata de que lo firmé, lo avalé y soy responsable.
Y cuando hablamos de responsabilidad, no es sólo la penal. Es la ética, la política y la institucional. No saber cómo se remueve a una Presidenta o a una Secretaria Legislativa del Concejo no es una defensa: es una confesión de ignorancia funcional. Y si no saben, estudien. Y si no pueden, renuncien.
En todos los años en que gobernaron los mismos que hoy integran UNIDOS junto al socialismo, ¿cuántas viviendas construyeron? ¿Cuántas licitaciones cuestionadas firmaron? ¿Cuántos empresarios “amigos” fueron los verdaderos beneficiarios del poder? Preguntas incómodas que no se responden con cartelitos de “violencia institucional”, sino con transparencia, coherencia y rendición de cuentas.
A quienes hoy pretenden ensuciar a la concejal que simplemente cumplió su rol, les recordamos que el Estado no es una ONG de favores ni una agencia de colocaciones para asesores de campaña que cobran $40 millones por decir «sí» a todo. El Estado es de todos. Y gobernar, legislar, firmar y asumir responsabilidades no es un juego. Es, o debería ser, un acto de madurez política.
Así que por favor: menos drama, más responsabilidad. Menos victimismo, más institucionalidad. Menos beneficios a los amigos y más respeto por el ciudadano común, ese que paga sus tasas sin exenciones truchas.
Eternauta
