El juez federal de Reconquista, Dr.Aldo Alurralde inicia hoy las indagatorias a más de una docena de directivos de la concursada empresa Vicentín SAIC

El estado argentino fue defraudado entre los años 2016 y 2019, en 140 millones de pesos, según estimó la AFIP, que descubrió la maniobra y la denunció penalmente, presentando las facturas truchas que se utilizaron para cobrarle al Estado esa cifra por exportaciones que en realidad nunca se realizaron. Fue solo un papeleo para consumar una millonaria estafa que investiga el fiscal federal de Reconquista, Dr. Roberto Salum, quien ya reunió un plexo probatorio suficiente como para que el juez Aldo Alurralde haya tomado la determinación de citar a indagatoria a los sospechosos. Bien se puede afirmar que los sospechosos están en problemas.

Para la AFIP, Vicentín hizo un «aprovechamiento indebido de beneficios fiscales«.

«La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019″, explicó el organismo estatal en un comunicado en el que agrega que «la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores«.

Según la AFIP, la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin, para solicitar reintegros por una suma que sumaba más de 140 millones de pesos, entre 2016 y 2019.

El ente recaudador informó que pudo determinar, entre otros elementos, que «las sociedades utilizadas, no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería«.

Las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros «eran falsos, en tanto no denotaban actividad real», y que los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron «incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos«.

«Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros, pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados», concluyó el ente recaudador al formular la denuncia penal que recayó en el Juzgado Federal de Reconquista.

Prisión efectiva

El fiscal Salum dejó claro que este caso podría llevar a la cárcel a quienes manejaron la empresa, teniendo en cuenta que el delito investigado tiene reproche de prisión de efectivo cumplimiento aunque fueran condenados con el mínimo, ya que la ley penal tributaria prevé condenas de tres años y medio, hasta nueve años de prisión; y peor panorama aún en este caso, donde les imputan la agravante de haber participado en el delito más de tres personas, lo que eleva aún más la posible condena.

En ese riesgo de terminar en la cárcel, están Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Maxi Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Vicentín, Roberto Vicentín, Yanina Boschi, Herman Vicentín, Oscar Vicentín, Rubén Vicentín y Norma Vicentín.