El Grupo Grassi fue el primero en comunicar su oferta al juez Lorenzini.

El próximo 31 de octubre vencerá el plazo legal para que las empresas oferentes presenten sus propuestas de pago a acreedores en el expediente por el concurso preventivo de Vicentin SAIC, la mayor agroexportadora nacional caída en cesación de pagos en enero de 2020.

El proceso de salvataje empresario fue habilitado en junio de este año por el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazara un recurso de inconstitucionalidad presentado por la concursada tras la negativa judicial a homologar su propuesta.

Fueron once las firmas que manifestaron interés en participar del cram down, pero la exigencia judicial de depositar un millón de dólares como garantía redujo el grupo a cuatro oferentes: Bunge SA, Molinos Agro SA junto a Louis Dreyfus Company (LDC Argentina SA), Grassi SA y la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA).

La primera jugada: la propuesta de Grassi S.A.

El Grupo Grassi S.A. fue el primero en presentar formalmente una oferta, en septiembre de 2025. Su plan contempla un esquema mixto de capitalización y pago en cuotas, con un tipo de cambio de $60,78 por dólar, destinado a garantizar la continuidad productiva, preservar el empleo y recuperar la capacidad exportadora del grupo.

La propuesta plantea la capitalización de créditos, transformando parte de las acreencias en acciones de una nueva sociedad controlante, y el pago escalonado del resto en cuotas semestrales durante hasta diez años, según el tipo de acreedor.
También prevé la creación de un fideicomiso de administración para canalizar fondos de la operatoria industrial, exportadora y de activos no operativos.

Uno de los puntos más destacados es la promesa de recuperar hasta el 200% del crédito original en dólares. Según el cálculo de la firma, un acreedor con un crédito de USD 100.000 recibiría el equivalente a USD 200.000 en un plazo de diez años.

Segunda oferta: Molinos Agro y LDC Argentina

El 17 de octubre, las empresas Molinos Agro SA y Louis Dreyfus Company (LDC Argentina SA) presentaron de manera conjunta la denominada “Propuesta MOA–LDC”, dirigida a los acreedores quirografarios verificados y admitidos.

El esquema establece tres categorías de acreedores:

A: créditos menores a USD 130.000

B: entre USD 130.000 y USD 400.000

C: superiores a USD 400.000
Además, se incluye una categoría fiscal especial para los organismos tributarios.

Las condiciones de pago varían según el monto y la elección del acreedor:

Para la Categoría A, se ofrece el 80% al contado o 90% en tres cuotas anuales con 4% de interés.

En la B, entre 50% al contado y 70% en diez cuotas.

En la C, entre 12% al contado y 45% en 15 cuotas, con posibilidad de capitalizar los créditos mediante acciones preferidas sin voto.

Los pagos se realizarán en pesos, al tipo de cambio aplicable a las exportaciones de soja (Comunicación “A” 3500 del Banco Central). Además, la propuesta prevé la creación de un Comité de Acreedores que supervise la ejecución del acuerdo y, una vez homologado, el levantamiento de la inhibición general de bienes de Vicentin.

Lo que viene: definiciones y riesgo de quiebra

El ofrecimiento tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2025, con posibilidad de prórroga. En los próximos días podrían sumarse formalmente las propuestas de Bunge SA y la Unión Agrícola de Avellaneda.

Para imponerse, los oferentes deberán lograr la adhesión del 50% más uno de los acreedores que representen al menos el 66,7% de la deuda total.
De no alcanzarse esa mayoría, el juez Lorenzini declarará la quiebra de Vicentin el 1 de noviembre próximo.

El pasivo y la controversia

Según la Sindicatura del concurso, hay 1.692 acreedores verificados, con una deuda consolidada de $97.782 millones, compuesta por $29.800 millones en pesos y USD 841,8 millones.

En su informe, los síndicos aclararon que las restricciones de voto del artículo 45 de la Ley de Concursos y Quiebras solo aplican a la etapa de exclusividad de la concursada, y no necesariamente al salvataje. Esta precisión cobra relevancia ante la controversia planteada por Molinos Agro y LDC, que solicitaron la exclusión de voto del principal acreedor, Avir South (Grupo Cima), que concentra el 37% del pasivo exigible, por su presunto vínculo con el Grupo Grassi.

La última palabra, una vez más, la tendrá el juez Lorenzini, en una de las causas económicas y judiciales más trascendentes de los últimos años en la Argentina.